DIARIO DE SEVILLA 27-11-2.013 tomares
La Fiscalía denuncia por malversación y prevaricación
a tres concejales del PP
Ve indicios de delito en los pagos
de 2.000 euros al mes como consultor que se hicieron a Juan Campos antes de ser
edil. El secretario del PP de Sevilla, Eloy Carmona, entre los denunciados.
Trinidad Perdiguero, sevilla | Actualizado 27.11.2013 - 09:26
El concejal de Presidencia de Tomares y secretario
general del PP de Sevilla, Eloy Carmona.
La Fiscalía de Sevilla ha
interpuesto una denuncia penal por los supuestos delitos de malversación
y prevaricación contra tres concejales del
Ayuntamiento de Tomares, entre ellos el portavoz del PP en el municipio y en la
Diputación, Eloy Carmona, por los pagos de más de 2.000 euros al mes que durante el pasado mandato se hicieron al actual
edil de Movilidad, Limpieza y Parques, Juan Campos Jabalquinto, como asesor
externo, un trabajo por el que presentaba informes que, en muchos casos, se
limitan a una única frase. La Fiscalía ha denunciado al propio Campos y a la actual
edil de Talleres y Cultura, Mercedes Fuentes, entonces delegada de Medio Ambiente, el área para la que supuestamente se
hacían los trabajos, pero ha dejado fuera al alcalde y secretario del PP-A, José Luis Sanz, que firmó en 2007 el contrato "menor de
asistencia técnica" con Campos. Fuentes consultadas apuntan a que su
exclusión tiene que ver con la condición de aforado de Sanz, senador del PP por
Sevilla. Su nombre se baraja también como candidato a la Presidencia de la
Junta.
Los hechos que han motivado la denuncia de la Fiscalía y que afectan al también secretario provincial del PP, Eloy Carmona, fueron denunciados en mayo de 2013 por la edil de IU Valme Sánchez y, luego, por el andalucista Alberto Mercado. La Fiscalía los ha unificado en un único procedimiento. En el escrito de la fiscal jefe, del 22 de noviembre, al que ha tenido acceso este diario, se destaca que se han practicado "las diligencias que se han estimado oportunas para verificar la realidad de los hechos y determinar la procedencia del ejercicio de acciones penales y llegados al punto de que se concretan posibles hechos de relevancia penal, debe interponerse la oportuna denuncia penal".
Los hechos investigados se produjeron desde 2007, cuando Campos fue como número 13 en la lista electoral del PP en Tomares pero no fue elegido concejal. Tras ello, firmó un contrato menor de asistencia técnica con el alcalde, en el que se fija que cobraría 975 euros al mes más 150 euros por cada informe de "especial complejidad" que elaborara. En las facturas que han logrado reunir IU y el PA, constan casi siempre siete informes al mes, los justos para que el pago superara los 2.000 euros. Algunos de estos informes que ha hecho públicos la oposición se limitan a un línea o frase, en la que se constata la "acumulación de basura" o el "grado de humedad en una vivienda", por ejemplo, o se reitera o se remite a informes previos. En cualquier caso denuncian que se trata de un trabajo que podría haber hecho "cualquier técnico". IU y PA han llegado a plantear que otros informes puede que ni existan. Campos estuvo facturando al Consistorio durante 2007, 2008 y 2009. En las siguientes elecciones municipales, salió elegido concejal y ocupa las delegaciones de Movilidad, Limpieza y Parques en el Ayuntamiento.
La edil de IU, Valme Sánchez, se mostró este martes satisfecha por que la Fiscalía siga adelante y haga que se aclaren estos pagos. El PA instó al PP a dar ejemplo ahora y enseñar "las cuentas del periodo 2007-2011" que no pudieron terminar de ver. "Exigimos que José Luis Sanz dé la cara y explicaciones sobre lo que ocultan las facturas; ahora comprendemos sus prisas por salir corriendo del Ayuntamiento y ser candidato a la Junta, pero no consentiremos que se marche sin aclarar estos presuntos delitos", aseveró en una nota.
Por su parte, el gobierno local destacó en otro comunicado que, hasta ahora, ningún miembro del gobierno ha prestado declaración ante la Fiscalía, lo que "hubiera permitido dar toda clase de explicaciones y justificaciones" sobre el objeto de la denuncia, aunque sí se le han enviado "todos los antecedentes" que ha pedido sobre esta "contratación municipal".
El PP alude en su escrito a que, además de los dos grupos de la oposición, hay dos ex concejales del PP, que fueron "excluidos" del gobierno, Faustino Rodríguez y Manuel Guerra, cuya declaración ha servido de "fundamento a la Fiscalía" y apunta a que "sus testimonios deben ser relativizados". "El Ayuntamiento se personará en la investigación y actuará contra quienes hayan podido realizar cualquier acto de defraudación que perjudique al mismo reservándose todas las acciones judiciales", advierte.
Sobre el "contrato menor" que se firmó con Campos, insiste que contó con el "control y aprobación" por parte de la Intervención y que todas las facturas están "debidamente registradas" y con informe del responsable del área de la prestación de servicio. "No consta", dice, que la Fiscalía haya tomado declaración a los funcionarios que participaron en el proceso, aunque, según IU y el PA, sí que han dado su testimonio algunos trabajadores municipales.
Los hechos que han motivado la denuncia de la Fiscalía y que afectan al también secretario provincial del PP, Eloy Carmona, fueron denunciados en mayo de 2013 por la edil de IU Valme Sánchez y, luego, por el andalucista Alberto Mercado. La Fiscalía los ha unificado en un único procedimiento. En el escrito de la fiscal jefe, del 22 de noviembre, al que ha tenido acceso este diario, se destaca que se han practicado "las diligencias que se han estimado oportunas para verificar la realidad de los hechos y determinar la procedencia del ejercicio de acciones penales y llegados al punto de que se concretan posibles hechos de relevancia penal, debe interponerse la oportuna denuncia penal".
Los hechos investigados se produjeron desde 2007, cuando Campos fue como número 13 en la lista electoral del PP en Tomares pero no fue elegido concejal. Tras ello, firmó un contrato menor de asistencia técnica con el alcalde, en el que se fija que cobraría 975 euros al mes más 150 euros por cada informe de "especial complejidad" que elaborara. En las facturas que han logrado reunir IU y el PA, constan casi siempre siete informes al mes, los justos para que el pago superara los 2.000 euros. Algunos de estos informes que ha hecho públicos la oposición se limitan a un línea o frase, en la que se constata la "acumulación de basura" o el "grado de humedad en una vivienda", por ejemplo, o se reitera o se remite a informes previos. En cualquier caso denuncian que se trata de un trabajo que podría haber hecho "cualquier técnico". IU y PA han llegado a plantear que otros informes puede que ni existan. Campos estuvo facturando al Consistorio durante 2007, 2008 y 2009. En las siguientes elecciones municipales, salió elegido concejal y ocupa las delegaciones de Movilidad, Limpieza y Parques en el Ayuntamiento.
La edil de IU, Valme Sánchez, se mostró este martes satisfecha por que la Fiscalía siga adelante y haga que se aclaren estos pagos. El PA instó al PP a dar ejemplo ahora y enseñar "las cuentas del periodo 2007-2011" que no pudieron terminar de ver. "Exigimos que José Luis Sanz dé la cara y explicaciones sobre lo que ocultan las facturas; ahora comprendemos sus prisas por salir corriendo del Ayuntamiento y ser candidato a la Junta, pero no consentiremos que se marche sin aclarar estos presuntos delitos", aseveró en una nota.
Por su parte, el gobierno local destacó en otro comunicado que, hasta ahora, ningún miembro del gobierno ha prestado declaración ante la Fiscalía, lo que "hubiera permitido dar toda clase de explicaciones y justificaciones" sobre el objeto de la denuncia, aunque sí se le han enviado "todos los antecedentes" que ha pedido sobre esta "contratación municipal".
El PP alude en su escrito a que, además de los dos grupos de la oposición, hay dos ex concejales del PP, que fueron "excluidos" del gobierno, Faustino Rodríguez y Manuel Guerra, cuya declaración ha servido de "fundamento a la Fiscalía" y apunta a que "sus testimonios deben ser relativizados". "El Ayuntamiento se personará en la investigación y actuará contra quienes hayan podido realizar cualquier acto de defraudación que perjudique al mismo reservándose todas las acciones judiciales", advierte.
Sobre el "contrato menor" que se firmó con Campos, insiste que contó con el "control y aprobación" por parte de la Intervención y que todas las facturas están "debidamente registradas" y con informe del responsable del área de la prestación de servicio. "No consta", dice, que la Fiscalía haya tomado declaración a los funcionarios que participaron en el proceso, aunque, según IU y el PA, sí que han dado su testimonio algunos trabajadores municipales.
