CUANDO
LOS BANCOS SE QUEDAN SIN DINERO, YA SABEN, NUEVA INYECCION YA DIRECTA DESDE
NUESTROS BOLSILLOS, YA VIA BANCO CENTRAL EUROPEO
Las CCAA se echan en brazos de
la banca para pagar nóminas y gasto corriente
La crisis
continúa. Y con ella, los problemas de financiación de las
Administraciones Públicas, que ante el cierre de los mercados mayoristas
privados se han visto obligadas a ponerse literalmente en manos de los bancos.
Hasta el punto de que ya adeudan 166.468 millones de euros a las
entidades financieras. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco euros que
deben las Administraciones Públicas se lo han pedido prestado a la banca o
las cajas de ahorros. El resto lo han conseguido a través de emisiones a
corto y largo plazo.
Lo relevante
no es sólo la cifra, sino, sobre todo, su progresión, toda vez que al comenzar
la crisis los préstamos bancarios apenas alcanzaban los 65.000 millones.
Esto significa que la dependencia de las entidades financieras casi se ha
triplicado en menos de cinco años.
La causa
tiene que ver, lógicamente, con el cierre de los mercados mayoristas de
financiación, a los que han dejado de tener acceso las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, cuya solvencia financiera ha sido degradada en numerosas
ocasiones por las agencias de calificación de riesgos en los últimos
años. Para hacer frente a esta realidad han tenido que acudir a los bancos, en
particular las regiones, que al finalizar el tercer trimestre del año ya debían
101.774 millones en préstamos a corto y largo plazo. Otros 42.017 millones los
deben los ayuntamientos.
Lo
significativo de las cifras es que han continuado creciendo pese a que el
Gobierno central puso en marcha en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA), instrumento con el que la Hacienda central pretendía acabar con los
problemas de financiación de las comunidades autónomas.
No ha sido
así, y la consecuencia ha sido que los Gobiernos regionales han pedido a los bancos más de 21.000 millones de
euros en los nueve primeros meses del año para pagar nóminas y gasto
corriente. El propio FLA establece serias limitaciones para tener acceso a
él, toda vez que restringe su uso a atender los vencimientos de la deuda
emitida previamente y al pago de proveedores. Una pobre casuística que
explica que ayuntamientos y comunidades sigan dependiendo del crédito bancario
para sobrevivir, o lo que es igual, para pagar los gastos de funcionamiento de
sus estructuras burocráticas.
La
progresión ha sido tan fuerte que hasta el propio Gobierno central se ha visto
en la obligación de poner condiciones, Y aunque no ha aprobado ninguna norma
específica para restringir la apelación al banco, lo que ha hecho es recomendar
una especie de ‘buenas prácticas’. En palabras de un alto responsable
del equipo económico del Gobierno, se ha obligado a actuar con criterios de ‘prudencia
financiera’.
Una
financiación más cara
¿Qué quiere
decir esto? Pues que si los préstamos que hace la Hacienda central a los
Gobiernos regionales se retribuyen a los tipos en que se financia el Tesoro más
120 puntos básicos (un 1,2%), en el caso de los préstamos bancarios se ha
puesto como límite 250 puntos básicos. Es decir, que si el Tesoro paga ahora un 2,65% por financiarse en letras a
un año, el tope marcado es de un 5,15% en el mismo plazo.
En todo
caso, muy lejos de los tipos de interés oficiales: el 0,75% en las operaciones
de descuento del Banco Central Europeo (BCE). De cada cien euros que las
entidades regionales piden a los bancos, prácticamente 90 euros hay que
devolverlos a largo plazo.
Como es
lógico, este fuerte aumento del crédito bancario ha disparado, en paralelo, la morosidad
del sector público con las entidades financieras. Y aunque en algún momento de
2012 llegó a sobrepasar la barrera de los 1.000 millones de euros, en octubre
pasado se situaba en 844 millones de euros. La cifra, en
todo caso, es irrelevante respecto a los 190.490 millones de morosidad
bancaria; pero, en todo caso, es cuatro veces superior al nivel que existía al
comenzar la crisis. Las Administraciones Públicas pagan bien (su morosidad
apenas alcanza el 0,5% respecto a los préstamos totales), y de ahí que se trate
de un negocio cada vez más recurrente para los bancos.